Medina, Pascual, Camps, De Gore, Rey Galindo, Dittieri y Naddeo abordaron la compleja relación entre la Familia, el Derecho y el Sistema Judicial durante el Simposio Familia y Políticas Públicas, Hacia un Acuerdo del Largo Plazo, realizado en el CCK el pasado 25 y 26 de octubre.

A continuación breve reseña de las ponencias de los disertantes. En breve sumaremos los videos con el material completo.

GRACIELA MEDINA

El modelo homogéneo de familia (tipo) existía hasta la década del 60 pero hoy hay más modelos. Familias hetero, homo, monoparental, pluriparental, personas solas, gran cantidad de ancianos y ensambladas. En nuestra sociedad repercute el tema de la violencia intrafamiliar sobre todo en el grupo familiar extenso y en ciertos grupos etarios como las personas mayores y las personas con discapacidad. Otro problema creciente es la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes y la ejercida con medios digitales. El 16,3% de las mujeres entrevistadas en Argentina (2015) sufrieron violencia sexual desde los 16 años. Entre 2006-2016 hubieron 5.000 casos de violencia infantil. La respuesta del derecho hacia este último punto es un sistema institucional fragmentado. Existe una falta de coordinación institucional y excesiva burocratización y una deficiencia en la aplicación de las leyes. No hacen falta más leyes.

MARTA PASCUAL

Citó el artículo de Tommasi donde dice que en 2038 habrá una inversión de la pirámide, proyectándose mayor cantidad de ancianos que de jóvenes. Para aprovechar el bono demográfico, necesitamos un shock en capital humano, inversión en desarrollar habilidades socioemocionales (autoestima, autocontrol, y perseverancia) de niños y jóvenes.

Su experiencia como jueza hace que trate con jóvenes de bajos recursos que no están escolarizados. En general, estos jóvenes pertenecen a hogares monoparentales, muchos nunca conocieron a su padre y la gran mayoría carece de redes de contención. El 85% de estos jóvenes tienen relación con la droga (principalmente el paco).  Desde la justicia hemos aprendido que la víctima se tiene que sentir parte del proceso, hay que hacer que el joven se responsabilice por lo que hizo. La familia tiene que entender que no hay soluciones inmediatas. Todos somos responsables de trabajar en los procesos restaurativos y la construcción de puentes para la sociedad.

CARLOS CAMPS

Su experiencia como Secretario del Tribunal Superior de la provincia de Buenos Aires lo ha hecho ver que las problemáticas sociales han cambiado en los últimos 24 años. Si bien existen diversas herramientas para evitar las violaciones a los derechos humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha evaluado los procesos de nuestro país como ineficaces. Es necesario que los jueces de familia cuenten con mayor preparación y que el fuero de familia se siga especializando.

SILVIA CHAVANNEAU DE GORE

¿Puede el sistema judicial dar respuesta a las problemáticas de la familia actual? No puede. En tanto el sistema jurídico está formado por diferentes poderes, entre ellos, el poder ejecutivo como los municipios. Existe una desigualdad en el acceso a la justicia según la región. Mientras que en Buenos Aires hay 24 juzgados de familia, en San Isidro solo hay 6, menos de la mitad con lo que deberían contar por estructura judicial. Lo deseable sería que existiera un sistema jurídico ejecutado por todos los órganos del Estado. Al Poder Judicial le compete aplicar políticas públicas que dicen que se hacen pero no se hacen.

MARIANA REY GALINDO

¿Qué herramientas ofrece el poder judicial para trabajar en la liquidez de las familias? Hay que tener una mirada crítica sobre las familias y las políticas públicas. Pensar la geografía como elemento disuasorio de acceso a la justicia. Por ejemplo, en Tucumán una persona puede tardar dos días para llegar a la justicia. En algunas localidades del Valle Calchaquí, el servicio de ciertos transportes es cada 24 horas. Otra barrera de acceso a la justicia es lo sociocultural, a los jueces les gusta hablar con lenguaje técnico y complicado pero las familias y las víctimas no entienden ese lenguaje. Por ello, conviene reflexionar qué prácticas hacemos para reconocer al otro como sujeto de derecho y cómo se puede contribuir a una política pública de largo alcance.

MARINA DITTIERI

Es importante analizar el vínculo entre pobreza, acceso a la justicia y justicia constitucionalizada. La pobreza es un factor de exclusión social y desigualdad que no solo tiene que ver con ingresos sino con la diferenciación en el acceso a los derechos. El acceso a la justicia se ve vulnerado en condiciones de desigualdad, ya sea por vivir en situaciones de pobreza, poseer alguna discapacidad o encontrarse privado de la libertad. El rol de los abogados y del juez debe buscar resolver el conflicto desde una nueva visión y mirada donde exista la participación de operadores jurídicos comprometidos con la resolución del caso. Este juez debe caracterizarse por ser más activo, acercar a la parte y comprometerse con un proceso judicial que sirva a la gente.

MARIA ELENA NADDEO

Estamos ante una sociedad de la exclusión donde se rompen paradigmas y donde la violencia es un elemento que atraviesa la vida de la sociedad y que impacta en todos los ámbitos de las políticas públicas. Es importante reflexionar sobre la violencia simbólica y verbal, cómo se reproduce e incentiva desde la sociedad. Hoy existe un incumplimiento de las leyes, por ejemplo, la Ley de Educación Sexual Integral. Ha habido muchas críticas ofensivas en su contra, pero su cumplimiento es esencial para que los problemas de violencia puedan prevenirse antes de que lleguen al poder judicial.

A partir de 2001 se agudiza la problemática social en Argentina. Uno de cada dos chicos es pobre. A un 40,2% de los niños menos de 12 años no se le leen cuentos y a 17% de ellos no se le ha festejado su cumpleaños en el último año. En la primera infancia tenemos un desvalimiento, la angustia, la falta del entorno comunitario y social genera adicción a las drogas.